Culiacán, Sin, 01 de junio del 2025.- Lo que debía ser una jornada histórica para fortalecer la independencia judicial en Sinaloa terminó convertido en un episodio bochornoso marcado por denuncias, irregularidades y señales preocupantes de intervención política. Las elecciones del Poder Judicial, que debieron representar un ejercicio ciudadano para recuperar confianza en las instituciones, hoy aparecen empañadas por sospechas de fraude y manipulación desde los más altos niveles del poder estatal.
Las imágenes y testimonios que circularon en redes sociales y medios locales no dejan mucho espacio para la duda: boletas previamente marcadas, reparto de “acordeones” con números y nombres de candidatos dentro de las casillas, funcionarios de casilla denunciando anomalías en los paquetes electorales y, lo más grave, un silencio institucional que alimenta la percepción de que el juego ya estaba arreglado antes de que iniciara.
Sinaloa, un estado marcado por la desconfianza hacia sus instituciones, vivió este proceso bajo la sombra de un gobierno estatal que, según múltiples voces, ha perfeccionado el uso del aparato judicial para consolidar su poder y eliminar adversarios. Las recientes detenciones polémicas —como la del alcalde con licencia de Ahome, Gerardo Vargas Landeros— ya habían encendido las alarmas sobre la falta de autonomía del Poder Judicial frente al Ejecutivo local. Ahora, con una elección empañada por denuncias de fraude, la pregunta es inevitable: ¿quién controla realmente la justicia en Sinaloa?
Los testimonios recogidos en casillas del Distrito Judicial 2, que abarca la capital, Culiacán, y otras zonas clave del centro-sur del estado, hablan de un proceso en el que la voluntad ciudadana fue reducida a un mero formalismo. Cuando el aparato electoral se convierte en una maquinaria operada desde las oficinas del poder, la democracia pierde sentido. Y lo que debería ser una oportunidad para regenerar instituciones termina, otra vez, confirmando su desgaste.
El proceso electoral del Poder Judicial en Sinaloa refleja una paradoja peligrosa: se convoca al voto ciudadano para fortalecer instituciones que, en los hechos, ya están cooptadas. La crisis de legitimidad no es solo producto de las irregularidades de una jornada electoral; es el síntoma de un deterioro institucional más profundo, donde la justicia dejó de ser un contrapeso y se convirtió en un instrumento al servicio del poder político. En este contexto, hablar de democracia no es más que repetir un eslogan vacío. La pregunta urgente es: ¿quién podrá, y quién querrá, devolverle sentido?
