Culiacán, Sinaloa, 29 de mayo de 2025 — Con una breve declaración y semblante sereno, el expresidente municipal con licencia de Ahome, Gerardo Octavio Vargas Landeros, enfrentó este viernes su audiencia inicial luego de una controvertida detención ejecutada en Los Mochis, misma que su equipo jurídico califica como “ilegal y en desacato a una orden federal”.
El operativo fue desplegado por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por instrucción del juez de control Carlos Alberto Herrera, a pesar de que desde el 28 de mayo Vargas contaba con una suspensión provisional de amparo que, según su defensa, le otorgaba protección contra cualquier orden de aprehensión.
La captura del también exsecretario general de Gobierno generó un fuerte revuelo en redes sociales, con versiones que iban desde un supuesto traslado a la Ciudad de México para entregarlo a la DEA, hasta su presunto ingreso al penal de Aguaruto. Ninguno de estos rumores fue confirmado.
Durante la audiencia inicial, celebrada en la Sede de Justicia Penal y Acusatoria Oral Zona Centro, la Fiscalía formuló cargos por abuso de autoridad, argumentando que Vargas Landeros habría intervenido para que “todo el Ayuntamiento de Ahome” se negara a entregar información relacionada con un contrato de arrendamiento de vehículos oficiales. Además, lo señalan por supuestamente amenazar a testigos vinculados al caso.
Tras casi dos horas ante el juez, Gerardo Vargas evitó declaraciones extensas ante los medios, limitándose a decir: “Estoy tranquilo, nos vemos el miércoles”, en referencia a la próxima audiencia programada, donde se espera que se definan aspectos clave del proceso judicial en su contra.
La defensa insiste en que la detención violó los principios del debido proceso y representa un grave atropello al Estado de Derecho, mientras crece la atención mediática y política sobre el caso, que podría tener repercusiones en el actual escenario electoral de Sinaloa.
DATOS CLAVE:
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Detención: Fue ejecutada el viernes en Los Mochis, pese a una suspensión de amparo vigente.
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Acusación: La Fiscalía lo señala por abuso de autoridad y presuntas amenazas.
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Defensa: Afirma que la aprehensión fue ilegal y en desacato a un juez federal.
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Audiencia: Se reanudará el próximo miércoles.
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Reacciones: La clase política sinaloense se mantiene atenta por el posible impacto del caso.
