En Sinaloa, mientras decenas de miles de niñas y niños trabajan en el campo, en las calles o en los comercios familiares sin más derechos que el cansancio, el gobernador Rubén Rocha Moya sigue jugando su partida política como si no hubiera nada más urgente que acomodar bien las piezas. El problema es que en su tablero no hay niños, solo adversarios y herederos. La infancia vulnerable no estorba porque simplemente no figura.
Los datos son escandalosos: más de 59 mil menores realizan trabajos prohibidos en el estado, lo que representa casi el 10 % del total nacional, según cifras recientes del INEGI. Pero a diferencia de otros temas que Rocha sí toma como personales, como controlar alcaldías o allanar el camino sucesorio para Enrique Inzunza, la situación de estos menores ni siquiera amerita un pronunciamiento digno. No hay programa urgente, ni plan específico, ni política de fondo. En la agenda del poder, los niños pobres no votan, así que tampoco cuentan.
Rocha ha demostrado una notable capacidad para operar políticamente. Bastó con mirar cómo fue desmontando las cabezas de los gobiernos municipales en Culiacán y Mazatlán, o cómo ha tensado la relación con el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas, justo cuando este empezaba a consolidar proyección estatal. La lógica es clara: limpiar el camino de cualquier figura que amenace la sucesión que ya decidió. La eliminación de la senadora Imelda Castro del juego interno de Morena solo confirma que el gobernador no tolera la disidencia, aunque venga de casa.
El problema no es solo que Rocha priorice lo electoral por encima de lo social, sino que lo haga con tal frialdad y eficacia mientras los grandes pendientes se pudren en la intemperie. La pobreza infantil, el abandono escolar, la violencia doméstica y la falta de servicios básicos para comunidades enteras son parte del paisaje que ni siquiera se menciona en sus discursos. Mientras tanto, la SIPINNA y la REDIM alertan sobre un sistema de protección infantil que simplemente no funciona, que no alcanza, que no llega.
El poder estatal ha sido reducido a un aparato de control político, no de solución de problemas. La administración de Rocha se mueve como maquinaria aceitada cuando se trata de colocar fichas, pero se oxida frente a las urgencias reales. La infancia pobre no será tema mientras no represente una amenaza para la continuidad del proyecto político en turno.
Sinaloa es hoy una entidad donde el futuro se decide entre pasillos cerrados, mientras los más jóvenes cargan con un presente que no les corresponde. Rocha Moya no es un gobernador desinteresado: es un político concentrado, dedicado de lleno a su causa. El problema es que su causa no es la infancia, ni la equidad, ni la justicia. Su causa es el poder. Todo lo demás, incluso los niños, puede esperar.
