Culiacán, Sin, 4 de septiembre del 2025.- El juicio de amparo promovido por Gerardo Octavio Vargas Landeros contra diversas autoridades de Sinaloa ha escalado a un conflicto judicial entre juzgados federales, luego de que ninguno aceptara la competencia para resolver el caso.
El exalcalde de Ahome reclama actos de diferentes instancias, entre ellas el Ministerio Público Anticorrupción, jueces de Ahome, el Congreso del Estado, el Gobernador y el Ayuntamiento de Ahome. Entre los señalamientos están órdenes de aprehensión, separación del cargo, publicación de decretos.
El expediente se presentó inicialmente en el Juzgado Primero de Distrito en Zacatecas, que el 28 de agosto de 2025 se declaró incompetente, argumentando que los actos reclamados ocurrieron en Sinaloa. Con esa decisión, el caso fue enviado al Juzgado Primero de Distrito en Sinaloa (Culiacán), donde se registró bajo el número 925/2025.
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El juez en Culiacán reconoció a los abogados de Vargas Landeros y autorizó que el procedimiento se lleve por vía electrónica, pero rechazó la competencia. Argumentó que el juzgado de Zacatecas no explicó de forma adecuada por qué debía conocer el asunto Sinaloa y, además, recordó que en la propia demanda se señala que la orden de detención se ejecutaría en Zacatecas, no en Sinaloa.
Con esa justificación, el expediente fue devuelto a Zacatecas, pidiendo a ese juzgado asumir la responsabilidad del trámite. El desacuerdo entre tribunales abre un conflicto de competencia que deberá ser resuelto por un Tribunal Colegiado o, en su caso, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En paralelo, el enfrentamiento jurídico tiene un trasfondo político. Desde el Congreso del Estado se han impulsado medidas para separar del cargo y procesar a Vargas Landeros, mientras que el exalcalde ha recurrido al amparo como herramienta de defensa. Hasta ahora, los fallos federales han evitado que prospere la presión política.
La disputa exhibe un choque entre poderes: un Congreso que estira los márgenes de la ley para intentar destituir a un adversario político y una justicia federal que, con sus resoluciones, frena los excesos legislativos. El caso sigue abierto y su desenlace dependerá de la instancia superior que determine finalmente qué juzgado debe conocer del amparo.
