Culiacán, Sin, 22 de agosto del 2025.- En la política sinaloense, el desacato se ha vuelto un deporte extremo. Como si la Constitución fuera un volante publicitario tirado en la banqueta, los funcionarios del Congreso local y el Ayuntamiento de Ahome decidieron doblar la orden de un juez federal, hacer avioncito de papel y lanzarlo al viento. No fue por falta de aviso: hubo notificación física, acuse sellado y hasta un actuario que les tocó la puerta. La instrucción era clara: restituir a Gerardo Vargas Landeros en la presidencia municipal. Pero ellos, en un acto de soberbia colectiva, prefirieron mirar hacia otro lado.
Este lunes, el teatro se acaba. Un juez federal pedirá cuentas a quienes creyeron que podían reinventar el Estado de derecho a conveniencia. La defensa de Vargas ya pidió al Ministerio Público Federal que se abran carpetas contra los responsables. No es un simple trámite, es un juicio a la credibilidad misma del gobierno de Sinaloa: ¿sirve de algo un amparo, una orden judicial, un actuario con papel en mano, si los funcionarios pueden simplemente decir “no me llegó”?
Ahí entra el papel estelar de Teresa Guerra. La vocera de las justificaciones imposibles. Cada vez que la realidad la arrincona, saca un comodín. Ya culpó al pasado, a Calderón, al sistema patriarcal y, si hace falta, al cambio climático. Pero en este caso, ni el más creativo de sus discursos podrá ocultar lo evidente: el desacato es un delito. La ley de amparo es muy clara, lo dice sin rodeos: desobedecer un mandato legítimo de la autoridad judicial amerita sanción. No se trata de semántica, se trata de legalidad.
El mensaje enviado es brutal: en Sinaloa la ley es relativa, la justicia es negociable y el poder político se asume por encima de los tribunales. Si los propios congresistas y alcaldes deciden que una orden federal es opcional, ¿qué puede esperar un ciudadano común cuando acude a los juzgados en busca de justicia?
Al final, la pregunta no es qué argumento sacará Doctora en Derecho, Dip. Tere Guerra, o el alcalde sustituto, Toño Menéndez o el flamante secretario del ayuntamiento Cutberto Rios Beltrán. La pregunta es hasta dónde vamos a normalizar que el desacato sea el nuevo lenguaje oficial del Estado de Sinaloa. Porque si hoy se ignora un amparo, mañana se ignora una sentencia penal, y después una elección. La línea que separa la democracia de la farsa no se cruza de golpe: se cruza con excusas, con silencios y con el descaro de quienes creen que gobernar es un privilegio y no una obligación.
