Resulta difícil comprarle al gobernador Rubén Rocha Moya su narrativa triunfalista de que “las cosas van mejorando” en Sinaloa, justo después de los ataques armados dentro de hospitales que dejaron cinco muertos. El contraste entre la violencia vivida y la tranquilidad oficial proyectada es tan grande que parece más un ejercicio de ficción que un acto de gobierno.
Rocha insiste en que la entidad se está recuperando, que el tema de las desapariciones “es un problema mundial” y que existen garantías para el regreso a clases. Pero el argumento se derrumba con una pregunta simple: ¿cómo creer que las escuelas son seguras si los hospitales, que deberían ser espacios intocables, han demostrado lo contrario?
Los ataques registrados en hospitales se suman a una serie de episodios violentos que han marcado la entidad durante este año, lo que refuerza la percepción de inseguridad y la desconfianza hacia los anuncios optimistas del gobierno estatal.
El gobernador parece instalarse en un relato de fábula, donde la inseguridad es apenas un accidente pasajero y no un síntoma profundo de la crisis que atraviesa el estado. Sin embargo, la realidad contradice sus palabras: homicidios, ataques en zonas sensibles, desapariciones y un clima social marcado por el miedo.
No se trata de negar los esfuerzos institucionales ni de exagerar el desastre, pero sí de asumir que el discurso oficial, sin acciones concretas y resultados tangibles, termina siendo un recurso hueco. La seguridad no se construye con frases, sino con confianza ciudadana. Y esa confianza, hoy por hoy, está en entredicho.
Sin embargo, las palabras del gobernador han sido puestas en duda, incluso entre ciudadanos y sectores críticos que cuestionan cómo se puede garantizar seguridad en las escuelas cuando la violencia alcanzó espacios tan sensibles como los hospitales.
El contraste entre la realidad y el discurso oficial ha vuelto a colocar a la administración estatal bajo la lupa. Mientras Rocha insiste en proyectar estabilidad, las cifras de homicidios, desapariciones y hechos violentos mantienen a Sinaloa en una situación de alerta.
Al final, lo que queda es la duda: si ni los hospitales son respetados, ¿qué garantía real puede ofrecer el gobierno para proteger a estudiantes, maestros y familias en este inminente regreso a clases? Pregunta abierta, sin respuesta convincente.
