Culiacán, Sin, 25 de agosto del 2025.- La polémica se encendió de nuevo en el proceso legal que rodea a Gerardo Vargas Landeros, luego de que una funcionaria, identificada públicamente como “doctora en Derecho”, fuera acusada de tergiversar información jurídica y de inducir al error a la ciudadanía desde su cargo público.
De acuerdo con voces críticas, la funcionaria recurre a interpretaciones parciales y convenientes de la normativa para justificar la intervención de la Auditoría Superior de la Federación en el manejo de recursos federales dentro del municipio de Ahome, pese a que los criterios más recientes de la Suprema Corte ya han delimitado de manera clara el alcance de esas facultades.
El señalamiento apunta a que, bajo un supuesto dominio del derecho constitucional, la funcionaria pretende validar actos que podrían no corresponder a la competencia de la ASF, citando criterios jurídicos ya superados y jurisprudencia descontextualizada. Con ello, se lanza un mensaje confuso a la población: que todo acto de fiscalización es legítimo, aun cuando no exista afectación directa a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de las entidades paraestatales.
El debate no es menor. Lo que está en juego es la interpretación de los límites de la fiscalización federal y la manera en que se comunica a la sociedad un entramado legal que no todos dominan, pero que afecta directamente a la vida pública. La crítica sostiene que la funcionaria utiliza un discurso revestido de tecnicismos para persuadir con aparente autoridad académica, cuando en realidad se trata de un uso político del derecho.
En este contexto, el cuestionamiento es inevitable: ¿se trata de un error de interpretación, de un exceso en el discurso, o de una estrategia deliberada para legitimar decisiones políticas en medio del conflicto por la reinstalación de Vargas Landeros?
Mientras tanto, la ciudadanía observa con escepticismo cómo las instituciones y sus representantes siguen atrapados en un juego de verdades a medias, donde el derecho se vuelve más herramienta de poder que garantía de legalidad.
