Los Mochis, Sin, 3 de agosto del 2025.– La disputa por la propiedad del rancho “El Huachapori”, ubicado en el municipio de Ahome, ha escalado de un litigio familiar a un caso emblemático de abuso de poder en Sinaloa. El predio, cuya titularidad legal pertenece al empresario Víctor Quiñonez Borboa, ha sido objeto de una serie de maniobras legales e institucionales que apuntan al uso del aparato estatal para favorecer a particulares vinculados con el poder político local.
Según los documentos en poder de este medio, Quiñonez Borboa figura como propietario legítimo del terreno, sin embargo, desde hace meses enfrenta un proceso de despojo promovido por una de sus hermanas, quien cuenta con respaldo directo de figuras cercanas al senador morenista Ricardo Madrid Inzunza. La disputa ha dejado al descubierto una estrategia reiterada: uso discrecional de la Fiscalía General del Estado, bloqueo de notarios públicos y parálisis judicial, todo orientado a favorecer a la parte aliada del poder.
El predio ha cobrado valor estratégico, no sólo por su ubicación y extensión, sino porque forma parte de los proyectos de interés de la Secretaría de Economía federal, lo que añade una dimensión económica y política al conflicto. De acuerdo con fuentes cercanas al caso, la presencia de inversiones federales ha motivado el intento por tomar control del terreno bajo la fachada de un pleito civil entre familiares.
“La Fiscalía está actuando como despacho privado de algunos legisladores”, denunció un abogado del empresario, quien aseguró que las diligencias ministeriales han sido claramente parciales y orientadas a bloquear cualquier acción legal por parte de su cliente. El lunes pasado, las mujeres que hoy ocupan el rancho —pese a que el juicio no ha concluido— continuaron usufructuando la producción agrícola del predio.
A pesar de la existencia de escrituras y documentos registrados que acreditan la propiedad de Víctor Quiñonez, las autoridades estatales no han intervenido para frenar lo que su defensa califica como “una apropiación ilegal orquestada desde el poder”. El caso ha escalado políticamente y ha generado un llamado directo a la presidenta Claudia Sheinbaum, para que intervenga y detenga el uso de instituciones con fines facciosos.
Organismos civiles y observadores locales han advertido que este conflicto refleja una tendencia más amplia: la captura del Estado por intereses particulares. “En Sinaloa, las instituciones están siendo utilizadas como armas de guerra política o como herramientas para el beneficio de los allegados al poder”, denunció un activista que ha seguido el caso.
Hasta ahora, ni el Gobierno del Estado ni la Fiscalía han emitido una postura pública. Tampoco ha habido pronunciamientos del senador señalado, pese a los antecedentes de denuncias por tráfico de influencias que pesan sobre él.
“El Huachapori” ya no es sólo una parcela en disputa; se ha convertido en el símbolo de un modelo de operación política donde el poder se ejerce a través del silencio institucional y el uso selectivo de la justicia. El caso pone en tela de juicio la capacidad del gobierno estatal para actuar con imparcialidad y para garantizar que la ley se aplique por igual, sin importar parentescos ni lealtades políticas.
