Por encima de la estridencia política, el juicio de amparo promovido por Gerardo Octavio Vargas Landeros ha desembocado en una resolución que sacude el tablero institucional en Sinaloa. Un juez federal ordenó su inmediata restitución como presidente municipal de Ahome, luego de concederle la suspensión definitiva contra los efectos de la declaratoria de procedencia aprobada por el Congreso del Estado. El fallo no sólo devuelve a Vargas Landeros a su cargo, sino que deja en entredicho la actuación de los poderes locales en el manejo de un proceso de desafuero marcado por prisas, señalamientos y tensiones políticas.
La resolución interlocutoria del 29 de julio de 2025 representa, de hecho, un alto en seco al intento por separar definitivamente del cargo a quien encabezó el gobierno de Ahome y se perfilaba como figura clave en la operación territorial de Morena en el norte de Sinaloa. El Congreso, que había avalado el desafuero a petición de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, verá ahora desactivada su decisión en nombre del respeto al debido proceso y la presunción de inocencia.
El núcleo del argumento judicial es claro: se considera inconstitucional aplicar los artículos 136 de la Constitución local y 41 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, que sirvieron de base para emitir la declaratoria de procedencia. En otras palabras, el juez ve elementos suficientes para considerar que se vulneraron derechos fundamentales del edil, y que el procedimiento legislativo incurrió en excesos o defectos legales sustanciales.
Esta determinación no cierra el caso, pero sí traza un límite institucional relevante: mientras no exista una sentencia firme en el juicio de amparo, Vargas Landeros debe ejercer plenamente su cargo, percibir sus ingresos y tener acceso a los medios para gobernar. No se trata de un tecnicismo judicial; es una señal política de fondo sobre los equilibrios entre los poderes locales, la intervención del Poder Judicial de la Federación y las formas en que se pretende castigar la presunta corrupción desde los congresos estatales.
El Congreso de Sinaloa, por su parte, queda tocado. La celeridad con la que procesó el desafuero contrasta ahora con la solidez jurídica de una suspensión definitiva que cuestiona la constitucionalidad misma de sus actos. La Fiscalía estatal, también, se enfrenta a una pausa incómoda en su narrativa de combate frontal a la corrupción. El mensaje entre líneas es que no basta con señalar y procesar; hay que hacerlo respetando garantías, evitando errores de forma y fondo que terminen, como ahora, dando oxígeno político a quienes se pretende sancionar.
En el fondo, el episodio muestra cuán delicado es el terreno donde se cruzan el derecho y la política. La lucha contra la impunidad no puede convertirse en coartada para procedimientos mal armados o con fines de revancha. Restituir a Vargas Landeros no es absolverlo, pero sí recordar que ningún poder puede asumir atribuciones sin límites ni contrapesos.
El tablero político sinaloense queda nuevamente en suspenso, con un actor que regresa fortalecido a escena y con muchas preguntas aún sin responder sobre la calidad y dirección de las instituciones que dicen representar al pueblo. Mientras tanto, la ciudadanía —que no es parte directa en este litigio— observa cómo la justicia también puede ser una forma de disputa por el poder.
