Por: Felipe Guerrero Bojórquez…
Que la declaratoria de procedencia para desaforar a Gerardo Vargas del cargo de alcalde de Ahome es «irrecurrente» e «inimpugnable», dice la Doctora en Derecho y presidente del Congreso Teresa Guerra.
De acuerdo a lo dicho por la legisladora, Vargas no tiene absolutamente derecho a recurrir a instancias del Poder Judicial Federal porque así lo considera el Congreso de Sinaloa. En una palabra, estamos ante un poder legislativo absoluto que todo lo decide por encima del resto de los poderes. En la lógica de la líder del Congreso de Sinaloa, el derecho de amparo y la resolución de un juez federal no tienen validez ante lo que dictamina el legislativo en materia de desafuero. ¿Y que no desaforaron a Vargas Landeros para que constitucionalmente se defienda ante las instancias judiciales por haber sido acusado por la Fiscalía del Estado por varios delitos? La Fiscal lo acusa de desviar recursos públicos, el Congreso le quita el fuero constitucional porque considera que hay materia para ello, pero si el Poder Judicial, en un momento determinado, lo declarara inocente, de todos modos ¿ ya no podría regresar porque en materia de desafuero la decisión del Congreso es inimpugnable e irrecurrente? Esta última parte debería ser muy bien explicada, porque, de ser así, a Gerardo Vargas ya se lo cargó el payaso, porque habría que entender esta instancia como última y definitiva, y como si los diputados tuvieran la facultad para dictar sentencia. O bien de desaforar impunemente a una autoridad electa, sin que haya poder alguno que les indique que actuaron con dolo, con argumentos endebles, por consigna, por interés de otra naturaleza, por desconocimiento o que actuaron correctamente. Como quien dice, los diputados no se equivocan a la hora de actuar contra alguien, aunque después ese alguien resulte inocente; ellos pues no pagan las consecuencias de sus actos porque en esta materia son absolutos e “inimpugnables”. Como dicen en el barrio: Que chingones me salieron. Al menos eso es lo que se entiende de las declaraciones de la doctora Guerra.
La líder del Congreso no ignora que el juez federal, con sede en Zacatecas, no está diciendo explícitamente que Gerardo Vargas es inocente y que por lo tanto debe regresar de inmediato a la alcaldía de Ahome, aunque de manera implícita deja ver que el procedimiento de desafuero debe revisarse y, por lo tanto, el acto de destitución no debería observarse como concluido.
Lo que el juez falló a favor de GVL, es la suspensión del acto reclamado, es decir, «Congreso del Estado de Sinaloa, el desafuero no lo culminas hasta en tanto esta instancia, con todos los elementos disponibles, decida si es procedente o no». ¿Esto último vale o no vale para el Congreso? Aunque el fallo del juez significa que no le están concediendo el amparo todavía; únicamente es el incidente de suspensión que solicitó la defensa de Vargas y que, eso sí, el Congreso tendría que recurrir ante ese juzgador para ventilar una revisión en contra de la decisión que tomó, lo que significa que los diputados podrían darse un balazo en el pie, porque tendrían que reconocer que, en este caso, sí se puede recurrir ante las resoluciones de una instancia judicial federal. ¿Y si el Congreso desobedece al juez federal como ha sido su conducta, qué pasaría? Le darán armas a Gerardo Vargas para irse hasta la Suprema Corte y, a parte, publicitar y politizar un tema ante las cúpulas de MORENA y ante el nuevo Poder Judicial Federal que asume sus funciones el próximo mes de septiembre; lo que al final no lograron ni Luis Guillermo Benítez, ex alcalde desaforado de Mazatlán ni el de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro. Hoy las condiciones son distintas porque, ante la cúpula morenista y ante la propia presidente Sheinbaum, el gobernador Rocha no tiene ya la misma influencia que ostentaba con López Obrador.
Hasta ahora lo único que el juez federal determinó es el incidente de suspensión del desafuero, no el fondo del asunto, para lo cual Gerardo Vargas ya dio el primer paso, aunque por este solo hecho, hay expertos que opinan que la resolución del juez le da materia como para reclamar su retorno, en tanto se decide lo correcto o incorrecto del procedimiento de desafuero.
Ante los argumentos jurídicos de la Doctora Guerra, avalados por resoluciones de la Suprema Corte, la pregunta es si ¿un Congreso local puede en sus decisiones estar por encima del derecho de amparo, y de la legítima defensa de una persona que es acusada y despojada de una investidura dada por la soberanía popular? Suena absolutista al menos, que se afirme que la última instancia de un proceso de esta naturaleza sea el legislativo, y que, por ello, su decisión es inapelable, «irrecurrible» e «inimpugnable». En una palabra, la Fiscalía acusa y el Congreso dicta sentencia: Absuelve o desafuera, lo que significa igualmente, en este caso. que aunque el poder judicial dictamine que Gerardo Vargas es inocente, no podrá regresar a la alcaldía de Ahome nomás por las pistolas de los diputados. ¿Sí o no? Que lo aclaren.
