El gobierno de Rubén Rocha Moya enfrenta una crisis estructural que cruza los tres ejes básicos de toda administración pública: salud, seguridad y economía. Lejos de la narrativa oficial que insiste en estabilidad y avance, Sinaloa vive una degradación acelerada que desborda al Ejecutivo y que ya no puede ser maquillada con propaganda ni actos simbólicos.
En el sector salud, el desabasto de medicamentos y las protestas de trabajadores se han convertido en una constante. El modelo IMSS Bienestar, presentado como el gran cambio en la atención médica, no ha funcionado. La realidad es que los hospitales están sin insumos, los médicos sin herramientas, y los pacientes sin atención digna. El gobierno ha tenido que intervenir con recursos estatales para intentar contener el colapso, sin reconocer que el problema no es de presupuesto, sino de diseño, ejecución y voluntad política.
En paralelo, la seguridad pública se encuentra en su punto más crítico de los últimos años. Mientras el gobierno presume la instalación de nuevas cámaras de videovigilancia, la violencia se recrudece en las calles y en las comunidades rurales. El promedio de 32 homicidios semanales, el hallazgo de cuerpos colgados, fosas clandestinas y los ataques directos a ciudadanos no son casos aislados: son síntomas de una pérdida evidente del control territorial. La sierra sinaloense, históricamente compleja, hoy está totalmente fuera del alcance institucional. Más de tres mil desplazados lo confirman.
En materia económica, el llamado “Plan de Reactivación” se ha quedado en el papel. La realidad en el comercio local muestra lo contrario: ventas en picada, cierres de pequeños negocios y empleos mal remunerados o inexistentes. A pesar del discurso triunfalista, no hay indicadores sólidos que respalden una verdadera recuperación. Lo que sí hay es una avalancha de actividades menores —entregas de semillas, talleres y eventos culturales— que operan más como distractores que como políticas públicas.
La respuesta institucional a esta crisis ha sido preocupante. En lugar de abrir canales de diálogo, el gobierno de Morena ha optado por centralizar el poder, militarizar la seguridad y exigir obediencia política. Las voces disidentes dentro y fuera del oficialismo han sido acalladas o marginadas, mientras la ciudadanía ve con frustración cómo se suspenden fiestas patronales por la violencia o cómo los servicios básicos colapsan en las zonas más vulnerables.
Rubén Rocha Moya, quien llegó al poder con la promesa de un gobierno cercano y transformador, hoy encabeza una administración rebasada por la realidad. Morena no está gobernando: está simulando. Y en esa simulación, las consecuencias las pagan los sinaloenses.
Frente a este panorama, la oposición tiene una oportunidad —y una responsabilidad— de contrastar este desgaste con una propuesta realista, socialmente empática y territorialmente firme. La crítica, por sí sola, no basta. Hace falta construir una alternativa que recupere la capacidad de gobierno, sin caer en las mismas fórmulas que hoy tienen al estado al borde del colapso.
Sinaloa no necesita propaganda. Necesita gobierno. Y lo necesita ya.
