María Teresa Guerra Ochoa, diputada local sinaloense con aspiraciones de gobernar el estado, parece pensar que las leyes son como los muñecos de Casa de Muñecas: se interpretan, se ignoran o se doblan a capricho. En un desplante que roza lo teatral, calificó la orden Federal de restituir al alcalde constitucional Gerardo Vargas Landeros como mera “medida incidental”, como si el Poder Judicial fuera un adorno burocrático en lugar de una piedra angular del Estado de Derecho.
Su argumento es tan descabellado como transparente: según ella, el Congreso ya actuó de manera “definitiva” y “irrecuperable” al desaforar al alcalde, lo cual le permite desestimar al Poder Judicial cuando no le conviene. Esa violación flagrante del principio jerárquico legal no es un error; es un acto deliberado de revancha disfrazado de institucionalidad. Una legisladora que mercadea con el desacato al sistema es la última persona con autoridad moral para prometer gobernabilidad o justicia efectiva.
Pero el descaro no para ahí, Tere Guerra no solo contravino al Poder Judicial, sino que impulsó una iniciativa penal bautizada por críticos como la “Ley Guerra”, cuyo propósito subyace en criminalizar la crítica periodística: enviar a la cárcel a quienes denuncien, difamen o cuestionen políticamente a figuras femeninas aliadas. No es un error tipográfico, es un intento explícito de silenciar voces incómodas bajo la dudosa bandera de la “violencia digital”.
Ese intento vil de blindar a una determinada facción política, regalándoles una coraza legal extraconstitucional, deja en evidencia no solo la fragmentación democrática, sino la propensión al autoritarismo selectivo. El mensaje es claro: criticar no es libre, es criminalizable.
¿Y luego afirma que su registro como precandidata no es destape? Traducción libre: quiere ser gobernadora sin asumir la etiqueta electoral, planeando cada movimiento con la sutileza de un elefante en cristalera. Esa impostura es tan predecible como ofensiva: quien se adjudica pulcritud institucional mientras desconoce al sistema justo cuando lo obliga, no merece una sola palabra de confianza.
Si alguien piensa que violar un fallo judicial es un “juego de ajedrez político”, mejor elegir provincia donde la ley sea opcional. Pero no en Sinaloa, donde aún hay electores que exigen coherencia entre discurso y acción legal. Tere Guerra es, en el mejor de los casos, una amenaza ensayada al verdadero Estado de Derecho. Quien hoy ignora a los tribunales, mañana podría ignorar al pueblo.
