En el escenario político sinaloense, donde la ambición pocas veces se disimula y la legalidad suele convertirse en botín de interpretación, María Teresa Guerra Ochoa ha decidido elevar el desacato a categoría de opinión. No como desliz, sino como postura oficial. La diputada local, que ya se apunta en la lista de aspirantes a la gubernatura, desestimó la suspensión definitiva emitida por un juez federal a favor de Gerardo Vargas Landeros, asegurando que se trata apenas de “una medida incidental”. Con ese tono que mezcla arrogancia con desinformación, Guerra Ochoa minimiza una resolución judicial como si fuera un volantín de campaña ajena.
El problema no es solo jurídico —aunque lo es de fondo— sino político y ético. Que una legisladora desacredite públicamente el mandato de un juez federal muestra una peligrosa concepción del poder: la ley es útil mientras le sirve, y desechable cuando estorba. Su afirmación de que el Congreso actuó con “definitividad” en el desafuero del alcalde Vargas implica, en la práctica, que el Poder Legislativo local puede estar por encima del Judicial federal. Un disparate jurídico, pero sobre todo un acto de profunda irresponsabilidad institucional.
Este desprecio por la legalidad no es anecdótico, es estructural. Guerra Ochoa no está sola en esta narrativa, pero sí es una de las voces más visibles en el intento por normalizar el desacato como herramienta política. Lo irónico es que ella misma, en sus múltiples tramos de carrera pública, ha pretendido posicionarse como promotora de la legalidad, defensora de derechos humanos y mujer de Estado. Hoy, sin embargo, parece más cómoda en el papel de operadora facciosa que utiliza el Congreso como trinchera personal y plataforma electoral anticipada.
Porque esto no es un error de cálculo, sino una estrategia deliberada. Al desacreditar la resolución judicial, Guerra no solo protege al grupo que impuso a Toño Menéndez como alcalde interino, sino que afianza su lugar como pieza funcional del ajedrez interno de Morena en Sinaloa. A su juicio, respetar al Poder Judicial sería concederle una victoria a su adversario político, y en ese tablero no hay lugar para principios, sólo para aliados y obstáculos.
En ese contexto, su “acto interno” de Morena donde se apunta como precandidata al gobierno estatal no puede leerse como un simple trámite partidista. Es una declaración de intenciones: quiere gobernar un estado mientras relativiza la ley y desacredita a jueces federales. ¿Qué tipo de gobernabilidad podría prometer alguien que considera opcional acatar las decisiones del Poder Judicial? ¿Qué respeto a la legalidad puede ofrecer quien desprecia la jerarquía constitucional?
El fondo de todo esto no es una disputa legal, sino una advertencia: si se normaliza que una diputada utilice su tribuna para desacatar, distorsionar y desacreditar resoluciones judiciales, ¿qué podría hacer desde el Ejecutivo estatal, con mucho mayor poder en sus manos?
En tiempos donde la confianza ciudadana en las instituciones es frágil, aspirar a gobernar debe implicar respeto por la ley, incluso —y sobre todo— cuando esta incomoda. Lo que hace Tere Guerra no es defender una postura, es sembrar la idea de que el Estado de Derecho puede subordinarse al calendario electoral.
Y eso, para quien pretende encabezar un gobierno, no es solo preocupante. Es inaceptable.
